Luego de conocer la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha, que dejó sin efecto el Decreto 645 que reducía impuestos a productos nocivos como el tabaco, alcohol, fundas plásticas, bebidas azucaradas y armas, el Colectivo todos y todas por la se reunió a las afueras del Complejo Judicial Norte, para celebrar la victoria de la salud y la vida. Estaremos vigilantes por unas políticas públicas saludables
Estas fueron los testimonios de las personas que se dieron cita, el 30 de abril.
Testimonios: gana la vida, gana la salud
Mesa técnica para analizar impuestos saludables
Ahí hay que decir además que, esta sentencia es sobre una política pública, porque la política pública contenida en el 645 lo que hacía es promover el consumo de productos nocivos, al bajar los impuestos. Además, esto le significó al Estado una reducción de ingresos de alrededor de 140 millones de dólares, hasta cuando se tiene hecho los cálculos, y eso podría tranquilamente haberse invertido en salud, educación, etcétera.
Pero, ¿por qué es importante considerar este como un triunfo de la ciudadanía?
La sentencia ordena que se haga una mesa técnica donde esté la OPS, es decir, la Organización Panamericana de Salud, la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud y además organizaciones sociales. Entonces es importante que los ciudadanos nos apropiemos e impulsemos esta mesa para discutir los impuestos saludables. Las políticas públicas saludables encaminadas a nuestra salud, a nuestra vida, a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
No más armas de fuego, más políticas públicas saludables
“Quiero resaltar un hecho de que el Decreto 645, del expresidente Guillermo Lasso, disminuyó sobre todo impuestos a las armas de fuego, municiones y los productos electrónicos de tabaco. En el caso de las armas se bajó de 300% a 30%. Es decir, si un arma costaba antes del decreto $4.000 más IVA, con el decreto llegó a costar $ 1.300 más IVA. De esta forma se pone más fácil acceso a las armas de grupos violentos en la sociedad. De hecho, si se fijan el año 2023, cuando está en efecto este Decreto seis 45 fue el año más violento. Se llegó casi a 8000 homicidios, de la mayoría son con armas de fuego. Al contrario, cuando se elevaron esos impuestos al inicio del año 2008, fue la época cuando disminuyeron las muertes violentas, los homicidios y así se mantuvieron hasta el año 2018. Los años en que ha subido enormemente han sido el 2021 al 2023.”
No más productos electrónicos de tabaco, más políticas públicas saludables
“Los cigarrillos electrónicos y otros productos electrónicos de tabaco son los productos que más consumen los adolescentes y los jóvenes. Esta es una generación muy apegada a las cuestiones electrónicas. Entonces, la industria está jugando con los productos electrónicos, porque el consumo de cigarrillos convencionales ha disminuido. Lo que pretende esta reducción enorme de impuestos a cigarrillos y productos electrónicos es que sea más que niños y adolescentes puedan acceder a comprar un cigarrillo electrónico.”
Sentencia hace respetar acuerdos internacionales
“Este fallo da muestras, no solo de que el Decreto 645 constituye una política pública, sino que también reafirma el cumplimiento de las obligaciones que el Estado ecuatoriano tiene a nivel internacional. Los jueces, de una manera muy estructurada, argumentada y tutelando los derechos constitucionales de las y los ecuatorianos, invocan, por ejemplo, el cumplimiento del Convenio Marco para el Control del Tabaco, instrumento ratificado por el Ecuador hacia el año 2006, y también invoca al cumplimiento de otros instrumentos internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que básicamente ratifican que un decreto como este constituye una vulneración al principio de progresividad. Este comportamiento no sólo se presenta en el Ecuador. Estas industrias de productos nocivos operan a nivel transnacional y en muchos países: México, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, entre otros de la región latinoamericana, quienes presentaron y se hicieron parte en el proceso con amicus curiae, dejaron un mensaje contundente los intereses económicos no pueden primar sobre los derechos constitucionales, no pueden primar sobre los compromisos internacionales que ha ratificado el Ecuador.”