A continuación, presentamos varias de nuestras preocupaciones, frente al articulado del proyecto y los contenidos del informe para segundo debate:

1. Artículo 63.- A continuación del artículo 82 agréguese el siguiente artículo innumerado:

“Art. (…).- El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, podrá en cualquier momento reducir las tarifas del Impuesto a los Consumos Especiales de cualquiera de los bienes o servicios gravados con éste, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas.”  

Como bien conocen, de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), es un tributo que entre otros bienes y servicios, grava a aquellos productos cuyo consumo deviene en los factores de riesgo -consumo de tabaco, consumo nocivo de alcohol, y comer alimentos poco saludables- responsables de las enfermedades no transmisibles (ENTs) –“grupo de enfermedades que no son causadas principalmente por una infección aguda, dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. Estas condiciones incluyen cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas[i]”–), que al año en la región de las Américas cobran la vida de 5, 5 millones de personas además de la gran carga económica que tienen para los sistemas de salud[ii].

Dicho esto, y previo a desglosar las implicaciones particulares para la salud pública que tendría esta facultad exorbitante para modificar la tarifa ICE de los productos relacionados con las ENTs que se le pretende atribuir al Presidente de la República a través del artículo 63 del Proyecto de Ley en cuestión, sin ningún tipo de limitación que responda al espíritu del artículo 301 de la Constitución[iii], en el que el contrapeso a la iniciativa del ejecutivo en materia tributaria se radica en la sanción mediante ley por parte de la Asamblea Nacional, analicemos por qué los impuestos que se atribuyen a este tipo de productos, se engloban dentro de lo que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han denominado como impuestos saludables, y el por qué de su reducción o no consideración devendría en severas repercusiones para el derecho a la salud.

“Los impuestos saludables son aquellos que gravan los productos no saludables (por ejemplo, tabaco, alcohol, bebidas azucaradas). El consumo de estos productos es un factor de riesgo importante para múltiples enfermedades no transmisibles (ENT), incluidas enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes. Asimismo, el consumo de estos productos genera externalidades negativas, así como consecuencias socialmente indeseables que no se reflejan en su precio de mercado.

 Los impuestos saludables contribuyen a reducir el consumo de estos productos no saludables. Desde una perspectiva de salud, los impuestos selectivos al consumo presentan un mayor potencial, ya que permiten a los responsables de la formulación de políticas apuntar a productos seleccionados y aumentar su precio, lo cual los hace relativamente menos asequibles que otros bienes y servicios. En consecuencia, los impuestos saludables conducen a una población más saludable, una reducción a largo plazo en los costos de atención médica, y potenciales ganancias en productividad laboral. Asimismo, generan ingresos fiscales estables y predecibles.

 De ese modo, los impuestos saludables representan una herramienta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que:

 Reducen significativamente la carga de las ENT (ODS 3)

Benefician en gran medida a las poblaciones vulnerables que soportan una mayor carga de salud (ODS 1, 5, 10) Impulsan el desarrollo económico a través de una fuerza laboral más saludable (ODS 8)”[iv].

En este orden, resulta desconcertante –por decir lo menos– los alcances que podría tener la facultad conferida al Presidente de la República de reducir las tarifas de los llamados impuestos saludables para la salud pública en general, más aún, teniendo en consideración que el control que se le pretende imponer a esta facultad radica en un “dictamen previo emitido por el ente rector de la finanzas públicas”, que sabemos pertenece a la rama ejecutiva y depende del propio Presidente de la República.